Después de más de cuarenta años de democracia sin que el sistema electoral haya soportado la más mínima modificación, es necesario pararse a reflexionar y tomar distancia para echar una ojeada sobre la situación actual de la política en España.
Habiendo dejado atrás los años de “cuarentena” no está de más someter también a ella a la LOREG.
Aunque promulgada en 1985 su connotación con la Constitución del 78 es más que evidente. La sociedad española del primer tercio del siglo XXI no es, ni de lejos, la misma que la del último cuarto del XX. Los jóvenes de hoy no vivieron aquellos momentos y los más mayores viven una realidad muy distinta.
¿Qué es necesario hacer? Pues de entrada un análisis sereno y pausado. Un análisis sobre la calidad de nuestra democracia que, aunque instaurada y consensuada durante la transición (1975-1978), ha ido adquiriendo con el tiempo una evidente debilitación, no siempre por los efectos del calendario sino también por causa de los pactos entre los partidos que se han ido consolidando como hegemónicos, así como por el funcionamiento intrínseco del Parlamento en su visión más amplia y genérica.
Ya desde un principio, los propios partidos políticos ignoraron la prohibición del mandato imperativo consagrado en la Constitución. Posteriormente se quebró, deliberadamente, la independencia del poder judicial al quedar el nombramiento de los magistrados del Consejo General en manos de los partidos ganadores en cada legislatura. Si a todo esto le añadimos el hecho, ya clamoroso a todas luces, de la dependencia de los diputados, cuya libertad política queda a merced de los jefes de filas de su partido en lugar de hacerlo desde el mandato (no)recibido de sus electores como consecuencia de las candidaturas contenidas en listas cerradas confeccionadas en la organización interna del partido de turno, la debilidad de nuestro sistema democrático, la debilidad en suma de nuestra democracia se hace más que evidente.
El sistema de listas cerradas es una de las trabas que el actual sistema electoral nos presenta y que, indubitablemente, limita – si no anula – nuestra capacidad de elegir a nuestros representantes en la institución que corresponda. Un profesional médico, abogado o arquitecto sale de la facultad con un título acreditativo de su presunta capacitación y al menos jurídicamente está legitimado para ejercerla. Un político sale de las urnas gracias a su inclusión en una lista confeccionada por el partido y solo si podemos elegirlo, diputar-lo, directa y personalmente tendremos la posibilidad de evaluar su capacidad y talento, solo así estaremos participando realmente en un sistema democrático.
“Nuestro” presidente es elegido por los diputados, por el poder legislativo, en suma, al contrario que en otros países en los que es elegido por los ciudadanos en un proceso electoral diferenciado: otra limitación a la auténtica y única democracia real posible al quebrar el principio de separación entre el poder legislativo y el ejecutivo.
Por último, se le llama Poder Judicial, no porque juzga según la ley en un Tribunal o en un Juzgado, eso no sería poder sino facultad, sino porque se supone que la alta jerarquía judicial debe poder impedir que se produzcan injerencias de los otros dos poderes ejecutivo y/o legislativo en la propia función, por lo que necesita ser una corporación independiente.
¿Con qué independencia el Consejo General del Poder Judicial va a proceder al nombramiento y ascenso de Jueces y Magistrados si la designación de sus componentes depende a su vez del Parlamento?
Deviene pues imprescindible que la sociedad civil transmita a los propios estamentos de la oligarquía política que nos gobierna la necesidad de someter a consideración un replanteamiento de todo el sistema electoral, desde la provincia como distrito hasta las listas cerradas como método. Y este sometimiento debe contemplar, sin necesidad de ninguna propuesta concreta de salida, cuatro principios básicos:
A.: Una persona un voto
B.: Vínculo entre el ciudadano y el electo.
C.: Potenciar el acceso del talento a la política.
D.: Equilibrio en la representatividad de las sensibilidades de los ciudadanos de los distintos territorios.
Tal es el proyecto que defiende la plataforma de #OtraLeyElectoral, promovida por un conjunto de ciudadanos, libres, independientes y comprometidos exclusivamente con la democracia y refrendada por una larga lista de personalidades que han ratificado su apoyo al mismo y cuyo contenido es fácil de comprobar en www.otraleyelectoral.es y que mantiene un criterio totalmente transversal, sin ninguna ideología subyacente y con el firme compromiso de no transformarse nunca en un partido político.
La Ley electoral es materia constituyente y como tal compete a los ciudadanos su instancia. Cambiar la Ley electoral es fundamental para conseguir una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Nuestra sociedad ha cambiado y sus reglas deben cambiar. La integridad de nuestra democracia está bajo mínimos por causa de la partidocracia. El voto de cada ciudadano es un contrato, un mandato con su representante y debe quedar claro con quién lo firma.
Es necesario conceder más poder a los ciudadanos. Es necesaria Otra Ley Electoral.
JUSTO COLL VILLANUEVA.
Abogado
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