RESUCITAR A MONTESQUIEU

Durante muchos años Alfonso Guerra no desmintió haber sido el autor de la ya célebre frase “Montesquieu ha muerto”, que desde la promulgación de la Ley del Poder Judicial de 1985 se le vino atribuyendo, hasta que en su libro “Dejando atrás los vientos: Memorias 1982-1991” lo negó con estas palabras: “Maticé que la separación de poderes comprende al poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero que en la época de Montesquieu no había siquiera posibilidad de concebir un tribunal de garantías constitucionales, pues su muerte se produce muchos años antes del desarrollo del derecho constitucional”. En el contexto del propio libro manifestó que esta frase había sido malinterpretada por algunos periodistas para, desde ella, obtener el titular que desde la aprobación de la primera Ley postconstitucional del aborto de 1985 (Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio) hasta la publicación de su libro se le había atribuido, desviando así la atención hacia una norma distinta de la que le dio la opción para pronunciarla.

 Hoy resulta indiferente tanto el hecho de no haberla desmentido antes, para favorecer quizá su propia popularidad mediática ya muy pronunciada, como el de haberla negado en sus memorias, quizá también para provocar un efecto márquetin que incrementara sus ventas.

 Y digo que resulta indiferente porque, de facto, en el sistema constitucional español tanto algunas asociaciones de jueces como algún partido político, en especial UPYD, han denunciado y mantenido la falta de independencia tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de los dos máximos tribunales de él dependientes, el Tribunal Supremo y el Constitucional, por lo que cabe convenir que la metafórica frase de la defunción montesquietana atribuida a Guerra se ha convertido en una realidad jurídico-constitucional del Estado español actual.

Efectivamente; esta situación, que en estos tiempos resulta ya innegable, deviene paradójica cuando observamos que el principio de la separación de poderes se ha visto desvirtuado también en el funcionamiento interior de los partidos políticos. Allá cada cual con su cada cuala, pero a mí me interesa especialmente uno, UPYD, actualmente sujeto a un proceso de reorganización interna con el objetivo de reconducirlo a un resurgimiento externo tan necesario, por imprescindible, en el panorama político actual.

Hace algún tiempo, durante un proceso de elecciones internas a un nuevo Consejo de Direccción, hubo en liza cuatro candidaturas que pretendieron asumir sus funciones cada una de ellas con planteamientos dispares en muchos puntos y confluyentes en otros, dentro de una amalgama de propuestas que hizo muy difícil la confluencia, al menos, de algunas de ellas.

Pero yo quiero resaltar aquí un hecho que debería tenerse en cuenta, un hecho que en los pasados procesos internos de constitución de órganos de gestión y en los de primarias a listas autonómicas ha sido característico de la Comunidad Valenciana, aunque quizá haya proliferado este hecho en otras autonomías, como así se ha comentado, empero carezco de los datos puntuales para afirmarlo con rotundidad.

Lo cierto es que hay un sentimiento muy generalizado entre gran parte de la militancia de base de institucionalizar esta división de poderes en los propios órganos internos, es decir hay un sentimiento muy acusado de “resucitar a Montesquieu”.

Sin citar nombres voy a relatar estos hechos reales en el ámbito de la Comunidad Valenciana a la que yo pertenezco. En febrero de 2014 se celebraron elecciones al Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana a la que concurrieron tres candidaturas. Dos de ellas, más potentes en razón de los resultados, las voy a identificar como candidaturas A y B. Como he advertido no voy a citar nombres, aunque los medios de comunicación los airearon suficientemente.

Una de ellas, digamos la A, incluyó en su formación a un militante muy mediático que pretendía, como así lo dijo en todos los actos de su campaña, controlar el Consejo Territorial para garantizarse la composición de las listas electorales en los siguientes comicios, los autonómicos de 2015. La otra, la B, pretendía lograr el triunfo para, al menos en teoría, dejar en libertad a las bases para tomar tales decisiones.

Resultado, venció la lista B claramente, lo que significó – si hacemos una interpretación de la voluntad de los votantes – que no deseaban un Consejo Territorial “controlador” de las listas electorales.

Pero he aquí que, cuando llegaron las primarias para 2015, el militante mediático que perdió en su candidatura al Consejo Local, ganó las primarias internas a cabeza de lista de las autonómicas, mientras el candidato del Consejo Territorial – el propio Coordinador que venció en las elecciones orgánicas – perdió en estas últimas.

Mensaje claro del electorado: separación de poderes entre los órganos internos del partido y los órganos institucionales que accedan a los comicios.

montesquieu2Esta opción, no siempre compartida por todas las candidaturas, debería ser tenida muy en cuenta por los delegados del próximo III Congreso nacional, analizando con detenimiento cuales son las opciones que cada candidatua ofrece.

Resucitemos metafóricamente a Montesquieu cuanto antes, comenzando por los propios partidos políticos.

Joel Heraklión Silesio

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